Un incremento del 23,7 % en el salario mínimo, decretado a finales de 2025, puso a la construcción frente a una revisión de sus cuentas. Se trata de una de las actividades que más mano de obra emplea en el país y, con costos laborales al alza, tasas de interés todavía altas y un mercado inmobiliario que no logra reactivarse del todo, las compañías buscan la manera de sostener sus obras sin comprometer la viabilidad financiera de los proyectos.
El gremio prende las alarmas
La Cámara Colombiana de la Construcción fue la primera en manifestar su preocupación. Su presidente, Guillermo Herrera, sostuvo que el ajuste salarial se ubica por encima de los parámetros que tradicionalmente se usan para fijarlo, es decir, la inflación y la productividad, y que esto ejerce una presión considerable sobre la estructura de costos de las constructoras. En su lectura, el nuevo escenario puede romper el equilibrio económico de las obras y llevar a que las empresas revisen la forma en que contratan a su personal.
El gremio precisó que buena parte de los trabajadores del sector devenga salario mínimo, de modo que un aumento de esta magnitud golpea de manera directa los costos fijos. Con ese diagnóstico sobre la mesa, Camacol citó una junta extraordinaria para medir los efectos del incremento y trazar posibles rutas de acción que le permitan al sector mantener la actividad edificadora y el empleo formal.
Subir precios o ajustar la nómina
El analista Andrés Moreno Jaramillo describió la situación como un dilema complejo. Recordó que la nómina pesa de forma decisiva en el costo de cualquier proyecto y que recortar personal no siempre resulta practicable, porque termina alargando los tiempos de ejecución. Con esas restricciones, las empresas quedan ante dos caminos: elevar el precio de la vivienda o modificar sus esquemas laborales.
La tercerización, el escenario que más inquieta
Entre las alternativas que se barajan, la que genera mayor preocupación es un eventual aumento de la tercerización laboral como fórmula para aliviar la carga de costos. Moreno Jaramillo explicó que esa salida aparece como reacción inmediata a la presión financiera, pero le atribuyó consecuencias adversas en el mediano y largo plazo: la contratación indirecta puede erosionar el empleo formal, impulsar la informalidad y disminuir los aportes a la seguridad social, con impacto sobre los trabajadores y sobre el sistema en su conjunto.
Un riesgo por partida doble
Para la actividad edificadora, la amenaza tiene dos frentes. El primero: una mano de obra más costosa podría congelar nuevos proyectos de vivienda y demorar la recuperación del mercado. El segundo: si esos mayores costos se trasladan al precio final de los inmuebles, miles de familias verían recortadas sus posibilidades de comprar.
La discusión plantea, en el fondo, un desafío de política pública: cómo conciliar la mejora de los ingresos de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas que generan esos puestos de trabajo. En una economía todavía frágil, la construcción mira con cautela los efectos del aumento salarial mientras evalúa decisiones que pueden definir el rumbo del empleo y de la vivienda en Colombia en los próximos años.
