Un pilar de la acusación que Estados Unidos mantiene contra Nicolás Maduro acaba de moverse. El Departamento de Justicia admitió que el llamado Cartel de los Soles no funciona como una organización criminal estructurada ni como un grupo terrorista formal: se trata, según ese reconocimiento, de una expresión de uso coloquial para describir prácticas de corrupción dentro de sectores del poder venezolano. La revelación fue publicada por The New York Times.

Un giro frente a la versión sostenida durante años

La admisión rompe con el relato que las autoridades estadounidenses defendieron durante largo tiempo, en el que Maduro aparecía como cabeza de una supuesta red jerárquica dedicada al narcotráfico. El ajuste llega en una etapa decisiva del proceso judicial y deja a los fiscales con la tarea de rearmar su estrategia legal para sostener los cargos contra el exmandatario venezolano.

Críticas por la justificación de la operación militar

Que la fiscalía acepte que el Cartel de los Soles no existe como estructura criminal formal devolvió al centro del debate los cuestionamientos sobre el sustento de la intervención militar estadounidense en Venezuela. Desde sectores que se oponen al gobierno de Donald Trump se plantea que la acusación funcionó como herramienta política y jurídica para respaldar una acción con propósitos ajenos al combate contra el narcotráfico, entre ellos el control de los recursos energéticos del país.

El propio Trump varió su discurso público después de la captura de Maduro. En declaraciones a medios de Estados Unidos dejó de referirse al Cartel de los Soles y sostuvo de manera directa que su país necesita acceso total al petróleo venezolano. Esa afirmación avivó la discusión sobre cuáles fueron las motivaciones reales de la operación.

De 2020 al rótulo de organización terrorista

El expediente contra Maduro se abrió en 2020, cuando un gran jurado lo señaló como jefe de una estructura dedicada al tráfico de cocaína. La tesis ganó fuerza con el retorno de Trump a la Casa Blanca. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro retomó el caso y catalogó al Cartel de los Soles como organización terrorista; en noviembre de ese mismo año, el Departamento de Estado adoptó la misma calificación, lo que aumentó la presión diplomática y judicial.

Esa definición, sin embargo, venía siendo cuestionada por investigaciones recientes y por análisis de especialistas en crimen organizado. La expresión Cartel de los Soles nació en la prensa venezolana durante los años noventa para aludir a generales y funcionarios señalados de permitir el paso de droga o de beneficiarse de él. No aludía a una organización con mando único, aparato operativo propio ni un carácter terrorista equiparable al de otros carteles internacionales.

La nueva línea: corrupción estatal y lealtades compradas

Con ese panorama, la fiscalía decidió cambiar el enfoque. Ya no insiste en la existencia de un cartel con estatus terrorista: ahora intenta probar que en Venezuela funcionó durante años un sistema clientelar sustentado en la corrupción, en el cual dineros provenientes del narcotráfico habrían servido para asegurar lealtades políticas y militares.

El caso queda así anclado a la corrupción estatal y al uso ilícito de recursos, un terreno jurídico diferente y menos atado a la figura de una organización criminal formal. La acusación contra Maduro sigue en pie, pero el viraje golpea la solidez de la narrativa original y abre un capítulo distinto en un juicio con repercusiones políticas y diplomáticas de alcance internacional.