Un decreto para declarar la emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública está en proceso de estructuración dentro del Gobierno Nacional. El detonante sería el eventual incremento de la presión migratoria asociado a la situación que vive Venezuela, y el propósito de la figura es abrir la puerta a herramientas extraordinarias que permitan reaccionar con rapidez frente a los efectos humanitarios, sociales y de seguridad que se anticipan en las zonas de frontera.

Un documento técnico ya consolidado

La confirmación llegó de un funcionario del Ministerio del Interior, durante una intervención hecha desde el Puesto de Mando Unificado en el que participaron autoridades del orden nacional y territorial. De acuerdo con lo que expuso, el Ejecutivo ya tiene listo un documento técnico consolidado, cuya elaboración estuvo liderada por ministros y viceministros, y que funcionaría como insumo base de la eventual declaratoria.

Ese proyecto está pendiente de los lineamientos finales de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y, sobre todo, de la determinación del presidente Gustavo Petro. La Constitución radica únicamente en el jefe de Estado la facultad de expedir el decreto, y solo una vez quede formalmente configurado el escenario de calamidad.

Para qué serviría la declaratoria

Según lo expuesto por el Gobierno, el mecanismo habilitaría medidas excepcionales que los canales ordinarios no permiten aplicar. Los tres frentes señalados son la asignación de recursos, la atención humanitaria y el refuerzo de la seguridad en los puntos críticos. El propósito de fondo es amortiguar el impacto del aumento de los flujos migratorios y ofrecer una atención integral a la población afectada.

Dentro de ese proceso, el Ejecutivo citó al gobernador encargado del departamento y a los alcaldes de los municipios con mayor afectación, con el fin de concertar cómo se aplicaría el decreto bajo un esquema coordinado entre la Nación y los territorios. Entre tanto, y mientras se toma la decisión, las autoridades siguen midiendo el alcance real de la crisis y los posibles escenarios de respuesta.

Frontera extensa y economías ilegales

Desde el PMU instalado en Norte de Santander, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, describió como altamente compleja la situación en la frontera colombo-venezolana. Puso el acento en regiones como el Catatumbo, donde coinciden economías ilegales, presencia de grupos armados y hondas vulnerabilidades sociales. En ese marco, y frente a cuestionamientos provenientes de sectores internacionales, insistió en que el presidente Petro llegó al cargo por elección democrática.

Rodríguez planteó que los más de 2.200 kilómetros de frontera constituyen un reto permanente para el Estado, incluso con el despliegue de más de 30.000 efectivos de la Fuerza Pública. También advirtió sobre organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y el ELN, cuya operación eleva los riesgos para la población civil.

La funcionaria subrayó que niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y víctimas del conflicto armado requieren una protección especial, y resaltó el papel que cumplen las organizaciones sociales y comunitarias en la construcción de rutas humanitarias y en los procesos de paz en los territorios golpeados.

Gestiones diplomáticas y alistamiento militar

En el plano internacional, el Gobierno anunció que convocó una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que solicitó reuniones extraordinarias del Consejo Permanente de la OEA y de cancilleres de la CELAC, buscando articular una respuesta de alcance regional ante la coyuntura.

En el componente de seguridad se confirmó el alistamiento pleno de una unidad móvil en Tibú, el refuerzo de equipos interinstitucionales y el primer grado de alerta de las Fuerzas Militares, con miras a atender eventuales situaciones de riesgo y garantizar la soberanía nacional. A ello se suma el despliegue de 30.000 soldados en puntos estratégicos del área fronteriza.

Registro de extranjeros

Por último, el Gobierno indicó que Migración Colombia dispone de una herramienta tecnológica destinada a identificar y registrar a los ciudadanos extranjeros que ingresen al territorio, con la que se busca mejorar el control de los flujos migratorios y orientar una atención más eficiente y de carácter preventivo.