Cerca de 70 contratos quedarían sin renovación en el Senado de la República si antes del 31 de enero no se destraba un faltante de recursos que hoy tiene en vilo la operación del Capitolio Nacional. La fecha no es arbitraria: ese día empieza a regir la ley de garantías, lo que reduce el margen de acción de la corporación.
Una carta interna prendió las alarmas
El diagnóstico está consignado en una comunicación oficial que la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, le remitió al presidente de la corporación, Lidio García. En ese documento se plantea que la falta de dinero no se limita al plano contractual: también afectaría el funcionamiento de los sistemas de seguridad y el respaldo logístico que la Policía presta en el Congreso.
¿Cuánto dinero falta y para qué?
La cifra que aparece en la carta es de aproximadamente 143 mil millones de pesos, monto necesario para atender gastos considerados esenciales en la protección del recinto legislativo. En ese paquete están los detectores de metales, los sistemas de prevención y control de incendios, las talanqueras que regulan el acceso, las licencias de software y otros elementos indispensables para que el edificio opere en condiciones seguras.
Con ese panorama sobre la mesa, la corporación ya le pidió de manera urgente al Gobierno nacional que gire los recursos que hacen falta o que, como alternativa, autorice mover fondos dentro del rubro de inversión. El problema es que hoy ese dinero está atado a un proyecto puntual de desplazamientos, lo que le quita al Senado capacidad de maniobra financiera.
Quiénes quedarían sin contrato
El efecto social de la medida sería considerable. Entre las personas que perderían su vinculación hay al menos 41 en condición de discapacidad, según detalla la comunicación. La lista también incluye integrantes de la fuerza pública y personas desmovilizadas que quedaron lesionadas durante el conflicto armado y que actualmente trabajan en distintas dependencias de la corporación.
El origen: lo pedido frente a lo asignado
La raíz del desajuste está en el presupuesto de 2026. El Senado había pedido 203 mil millones de pesos para inversión, pero el decreto presupuestal aprobado le reconoció apenas 60 mil millones. El recorte pesa todavía más porque los gastos de la entidad crecerán el próximo año: un 5,1 % por el IPC de 2025 y alrededor de 23 % por el aumento del salario mínimo, sin que los recursos asignados se hayan movido en la misma proporción.
Un escenario de doble riesgo
El Congreso queda así frente a una situación compleja. La escasez de recursos amenaza la estabilidad laboral de decenas de personas y, al mismo tiempo, deja en duda la posibilidad de asegurar condiciones mínimas de seguridad y operación en uno de los edificios de mayor importancia del Estado colombiano.
