Entre 5,26% y 9,1% podrán aumentar los colegios privados del país sus matrículas y pensiones durante 2026. Ese es el rango que quedó definido luego de conocerse el cierre inflacionario de 2025, un indicador que golpea de manera directa uno de los rubros más pesados del presupuesto de los hogares: la educación.
De la inflación al recibo del colegio
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportó un Índice de Precios al Consumidor de 5,10% al cierre del año, junto con una variación mensual de 0,27% en diciembre. Ese dato no se queda en el terreno estadístico: funciona como referencia legal para una larga lista de ajustes económicos en el país, y entre ellos están los costos educativos, que el Ministerio de Educación regula anualmente tomando como base ese mismo indicador.
La resolución que fijó las reglas
El marco para los aumentos quedó consignado en la Resolución 019805 del 30 de septiembre de 2025. Allí se determinó que el punto de arranque de cualquier ajuste es el IPC interanual de 5,10%, medido con corte a agosto del año anterior, y que la regla cobija a todas las instituciones privadas del territorio nacional.
Sobre ese piso, cada establecimiento puede añadir porcentajes extra si cumple condiciones puntuales asociadas a la calidad institucional, la permanencia de los estudiantes, la atención inclusiva y el pago de salarios docentes. La suma de esos componentes es la que produce el rango final autorizado para 2026.
Los criterios que suman puntos
Según explicó la cartera de Educación, lo primero que pesa es la clasificación tarifaria de cada colegio, que se desprende de su autoevaluación institucional. Las categorías posibles —regulado, vigilado o controlado— tienen que quedar registradas en el Sistema de Información de Evaluación Institucional.
A eso se agrega el índice de permanencia escolar, una medición pensada para seguir la continuidad de los alumnos y estimular la reducción de la deserción. Ese indicador se arma con tres piezas: la permanencia intraanual, la permanencia interanual y la tasa de aprobación académica.
Los planteles que desarrollen estrategias de educación inclusiva y reciban estudiantes con discapacidad pueden agregar 0,3% adicional. Y quienes cumplan con los pagos salariales previstos en el escalafón docente que contempla la normatividad vigente tienen derecho a un ajuste de hasta 2,2%.
Cuánto costaría en la práctica
Durante 2025, en ciudades como Bogotá, un colegio privado cobró en promedio entre 4 y 6 millones de pesos por la matrícula anual y entre 1,8 y 2,5 millones de pesos por la pensión mensual. A esas cifras hay que sumarles rubros como transporte, alimentación, uniformes y actividades extracurriculares, que elevan de forma considerable el gasto de cada familia.
Con los topes vigentes, una institución de rango medio que hoy cobra 4 millones de pesos de matrícula quedaría alrededor de 4,21 millones si aplica el aumento mínimo, o por encima de 4,36 millones si se acoge al máximo. Una pensión de 1,8 millones mensuales podría acercarse a los 1,96 millones. En los colegios de élite, donde las matrículas bordean los 6 millones y las pensiones los 2,5 millones, los valores pasarían a superar los 6,5 millones y los 2,7 millones, respectivamente.
Más presión sobre las cuentas del hogar
Los incrementos se mueven dentro de los márgenes que permite la ley, pero implican un reto adicional para miles de familias el próximo año. El comportamiento del IPC no solo define el ritmo de la educación privada: también deja en evidencia que la inflación sigue impactando de manera directa los gastos esenciales de los hogares.
