Pagar hasta 30.000 pesos para que lo dejen seguir su camino: esa es la exigencia que, según varias denuncias, enfrentan quienes transitan por la Troncal del Caribe en el tramo que une a Barranquilla con Ciénaga. Conductores y transportadores señalan que grupos de personas encapuchadas están montando retenes ilegales para frenar los vehículos y cobrar por el paso, una práctica que ha dejado temor, filas de carros y una sensación generalizada de inseguridad en uno de los corredores viales más importantes del Caribe colombiano.
Dónde ocurren los hechos
Los episodios se concentran en cercanías del peaje de Tasajera, dentro de la jurisdicción del municipio de Sitionuevo, en Magdalena. Uno de los casos más recientes lo hizo público el abogado José Humberto Torres, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para Magdalena y Atlántico, quien contó que fue detenido junto con decenas de conductores y presionado para que entregara dinero. De acuerdo con su relato, los cobros no ocurren de manera esporádica: se repiten y responden a una estructura organizada que afecta por igual a carros particulares, camiones de carga y vehículos de servicio público.
Torres difundió en redes sociales imágenes de los presuntos responsables y sostuvo que tendría plenamente identificado a quien encabezaría el grupo detrás de estas prácticas. Los denunciantes insisten en que no se trata de casos aislados, sino de una situación que se ha registrado en varias oportunidades sobre ese mismo tramo.
Reacción de los gremios
El sector de la infraestructura también levantó la voz. Héctor Carbonell, director regional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, describió lo que ocurre como una extorsión directa contra los conductores y reclamó una intervención inmediata de las autoridades. Advirtió que, más allá de su ilegalidad, estas acciones vienen acompañadas de comportamientos violentos que amenazan la integridad de quienes usan la vía y podrían terminar en una tragedia si no hay una respuesta oportuna.
Miedo a represalias
Los afectados explican que, al no encontrar una reacción rápida de la fuerza pública, muchos prefieren pagar antes que exponerse a represalias, lo que agrava la sensación de indefensión. A las pérdidas económicas se suman los retrasos, los trancones y una tensión constante que golpea la movilidad y la seguridad de las familias que dependen de este eje estratégico para la región Caribe.
Frente a ese panorama, conductores y gremios volvieron a pedirle a las autoridades civiles y a la Policía que recuperen el control del corredor, aseguren la libre circulación y frenen la repetición de estos hechos en la vía Barranquilla–Santa Marta.
