Ocho años de sanción restaurativa, sin cárcel, pero con obligaciones de reparación y con mecanismos de verificación permanente. Ese fue el fallo que la Jurisdicción Especial para la Paz dictó contra los miembros del antiguo secretariado de las Farc por los secuestros cometidos en el marco del conflicto armado. Los sancionados apelaron y, entre sus reparos, incluyeron la negativa a portar dispositivos electrónicos de rastreo. Esa postura desató la reacción de la exsecuestrada y dirigente política Ingrid Betancourt.
La reacción de una víctima del cautiverio
Betancourt, que estuvo secuestrada por más de seis años, respondió con indignación al conocer el argumento de los antiguos jefes guerrilleros. Trajo a la memoria las condiciones que soportaron centenares de personas retenidas en la selva y sostuvo que resulta inadmisible que hoy se resistan a cualquier forma de control. Su reproche apuntó a un contraste: quienes fueron mantenidos encadenados durante años no tuvieron alternativa, mientras los responsables ahora consideran desproporcionado llevar un dispositivo de seguimiento, aun cuando no deben cumplir pena de prisión.
Un cuestionamiento al modelo de justicia transicional
La dirigente del Partido Oxígeno no se limitó al caso puntual. También puso en duda el rumbo que ha tomado la justicia transicional, al sostener que su autoridad se ha ido erosionando durante años por cuenta de concesiones excesivas hacia los excombatientes. A partir de ese diagnóstico, planteó que Colombia se juega una definición importante en las elecciones presidenciales de 2026 y afirmó que hace falta un liderazgo capaz de recuperar el orden y la credibilidad de las instituciones.
Los argumentos de los excomandantes
En el recurso radicado ante el tribunal, los antiguos integrantes de las Farc afirman que las condiciones fijadas atentan contra la dignidad humana y riñen con el enfoque restaurativo de este modelo de justicia. Según su planteamiento, el seguimiento permanente equivale a una restricción punitiva disfrazada, incompatible con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz y con la ley estatutaria que rige a la JEP.
Otros puntos de la apelación
El rechazo al monitoreo electrónico no fue el único reparo. Los comparecientes formularon objeciones sobre sus derechos políticos, discutieron que ciertas conductas hayan sido calificadas como desaparición forzada y homicidio, y pidieron retirar la imputación por esclavitud.
El recurso quedó en manos del alto tribunal, que deberá estudiarlo en medio de una discusión que reabre la tensión entre justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado.
