La decisión de llevar a Barranquilla a cabecillas de estructuras criminales y a otros procesados abrió un pulso entre la Casa de Nariño y la Alcaldía del Distrito. Los traslados hacen parte de los acercamientos que impulsa el Ejecutivo dentro de la estrategia conocida como paz urbana, y la eventualidad de que esos internos terminen recluidos en centros penitenciarios de la ciudad prendió las alarmas por lo que pueda ocurrir con la seguridad de los habitantes.
El reparo del Distrito
El alcalde Alejandro Char se opuso sin rodeos a la medida y puso el acento en lo que considera una ausencia de claridad jurídica a la hora de adoptar decisiones que golpean directamente a la ciudad. Para el mandatario local, Barranquilla no tiene por qué asumir los riesgos de una política que nunca fue concertada con las autoridades del territorio. Char añadió una advertencia: si los traslados terminan afectando el orden público, la responsabilidad será del Gobierno nacional.
La réplica presidencial
Las palabras del alcalde tuvieron respuesta inmediata del presidente Gustavo Petro, quien salió a defender el diálogo con las estructuras criminales y sostuvo que su administración muestra resultados en materia de seguridad en la capital del Atlántico. En un mensaje publicado en redes sociales, el jefe de Estado señaló que los homicidios bajaron de forma significativa y vinculó ese descenso a los procesos de mediación entre bandas que, dijo, venían enfrentándose con las armas.
"No sé le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad", escribió Petro el 12 de enero de 2026 desde su cuenta @petrogustavo.
Una discusión en vísperas del Carnaval
El intercambio de mensajes llega en una coyuntura delicada para Barranquilla, que alista la llegada de miles de visitantes por el Carnaval, una de las celebraciones culturales de mayor peso en el país. Desde el Distrito se reiteró que toda determinación capaz de afectar la tranquilidad de la ciudad debe examinarse con rigor y apoyarse en reglas claras.
Justicia frena los traslados
Con la polémica encendida, el Ministerio de Justicia salió al paso y anunció que los traslados quedan suspendidos de manera temporal. La cartera precisó que estas decisiones requieren una coordinación previa entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y el sistema penitenciario, con el fin de evitar riesgos adicionales y proteger a la ciudadanía mientras se establece hasta dónde llega realmente la estrategia de paz urbana.