Un borrador de decreto del Ministerio de Vivienda plantea cambiar la forma en que se calcula el precio máximo de la Vivienda de Interés Social: que deje de estar amarrado al salario mínimo y quede expresado directamente en pesos colombianos. La propuesta llega después de que el presidente Gustavo Petro decretara un incremento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026, ajuste que despertó alertas por su efecto en arriendos, bienes, servicios y, en particular, en el valor de la VIS.
Cuánto subió el tope de la VIS con el nuevo salario
Hoy el precio máximo de estas viviendas se expresa en número de salarios mínimos, de modo que cada aumento salarial lo eleva de forma automática. Con el tope general de 135 salarios mínimos, el valor pasó de cerca de 192 millones de pesos en 2025 a unos 236 millones en 2026, es decir, un salto cercano a los 44 millones de pesos. En Bogotá, Medellín y Cali, donde el límite es de 150 salarios mínimos, el techo subió de alrededor de 213 millones a más de 262 millones de pesos.
Qué dice el proyecto de decreto
La iniciativa del Ministerio de Vivienda apunta a romper esa indexación automática. El texto establece que el precio debe quedar definido en pesos desde el momento de la separación del inmueble, la firma de la promesa de compraventa, el encargo fiduciario o cualquier negocio jurídico equivalente.
Adicionalmente, se les prohíbe de manera expresa a las constructoras ofrecer viviendas VIS con valores atados al salario mínimo legal mensual vigente. Según la norma propuesta, en ningún caso el precio podrá quedar sometido a mecanismos de ajuste automático derivados de futuros incrementos salariales.
La única excepción prevista
El borrador sí deja una puerta abierta, pero acotada. Los precios podrán modificarse únicamente cuando se presenten circunstancias extraordinarias que afecten de forma comprobable los costos de los insumos de construcción. En esos eventos, el ajuste tendrá que sustentarse técnicamente en el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones que elabora el DANE, y no en variaciones del salario.
Nuevas garantías para quien compra
El proyecto también amplía la protección al comprador. Podrían catalogarse como prácticas abusivas la ausencia de un precio final definido desde las primeras etapas del contrato, las demoras injustificadas en la escrituración y la inclusión de cláusulas que generen desequilibrios en contra del consumidor.
Con este planteamiento, el Gobierno pretende dar mayor estabilidad jurídica y financiera a las familias que quieren comprar vivienda VIS, de manera que conozcan desde el comienzo el valor real del inmueble y disminuya la incertidumbre que generan los aumentos anuales del salario mínimo.
