Una petición formal radicada ante el presidente de la Corte Constitucional busca que se ordene la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, la norma con la que el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional. Sobre esa solicitud se refirió Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial Nacional.

Qué le piden al alto tribunal

Según explicó la dirigente gremial, lo que se persigue es que la Corte revise con rigor constitucional si en este caso se configuran las condiciones excepcionales que la Carta Política exige para acudir a herramientas de este tipo. Gutiérrez Jaramillo precisó que la petición no busca desconocer las facultades con las que cuenta el Ejecutivo, sino preservar el equilibrio institucional y el respeto a la separación de poderes.

La vocera del gremio sostuvo que una suspensión provisional serviría para impedir que se generen efectos irreversibles mientras el tribunal adelanta el examen de fondo sobre la constitucionalidad del decreto.

Los reparos del sector productivo

Desde la mirada empresarial, dijo Gutiérrez Jaramillo, la declaratoria de emergencia produce incertidumbre jurídica y económica, más aún cuando se toma después del hundimiento de una reforma tributaria en el Congreso.

El gremio también alertó que las medidas extraordinarias previstas en el decreto podrían golpear directamente la confianza de los inversionistas, la estabilidad de las reglas de juego y la planeación financiera de las compañías, en un escenario económico que ya carga con desafíos fiscales y de crecimiento.

Respaldo al trámite ordinario

La presidenta del Consejo Gremial Nacional insistió en que la organización apoya las salidas estructurales que se construyen mediante el debate democrático y el trámite legislativo ordinario. A su juicio, la emergencia económica no debería usarse como un camino para reemplazar al Congreso.

La decisión queda en manos de la Corte

El siguiente paso corresponde a la Corte Constitucional, que deberá establecer si acepta o no la solicitud de suspensión temporal del decreto. En paralelo continuará el estudio de fondo con el que se determinará si la declaratoria de emergencia se ajusta a los parámetros fijados por la Constitución.