Cerca de 2,3 gigabytes de información habrían sido extraídos del teléfono móvil del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, entre agosto y noviembre de 2025. Así lo denunció el propio funcionario, quien aseguró que él y su núcleo familiar fueron objeto de espionaje ilegal a través de Pegasus, un software de vigilancia de alta sofisticación empleado para interceptar comunicaciones y sustraer información privada.
Un peritaje independiente como soporte de la denuncia
Idárraga explicó que un informe forense independiente estableció que su celular fue intervenido por fuera de la ley y que la infiltración se habría realizado con recursos de contrainteligencia estatal. El funcionario ubicó los hechos en el transcurso de 2025 y los atribuyó a seguimientos ordenados desde instancias del Estado vinculadas al sector defensa.
El señalamiento apunta de manera directa al Ministerio de Defensa, cartera que durante parte del periodo mencionado estuvo a cargo de Iván Velásquez y luego del general Pedro Sánchez Suárez.
Las cifras que expuso el funcionario
Según su relato, entre los datos sustraídos del dispositivo había comunicaciones sensibles, denuncias y contactos de fuentes reservadas. En ese mismo lapso se habrían producido más de 8.700 accesos no autorizados al aparato y, en al menos 124 oportunidades, la cámara y el micrófono se activaron de forma ilegal.
Para el ministro encargado, el objetivo de esas maniobras era recopilar material con el cual estructurar una campaña de desprestigio en su contra, en respuesta a los procesos de investigación que venía liderando. En su versión, el presunto espionaje guarda relación con las indagaciones que adelantaba sobre posibles hechos de corrupción al interior de las Fuerzas Militares.
El caso llegó a la Fiscalía y a la CIDH
Idárraga informó que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por tratarse, a su juicio, de una vulneración grave de los derechos fundamentales y de las garantías que amparan a quienes denuncian corrupción. Añadió que emplear herramientas de espionaje contra servidores públicos socava la democracia y debilita la institucionalidad.
Respaldo desde el gabinete
Conocida la denuncia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se solidarizó con Idárraga y su familia. Benedetti recordó que en el pasado él mismo dijo haber sido víctima de interceptaciones ilegales y advirtió sobre las secuelas personales y políticas de esas prácticas, que calificó como cobardes y reprochables.
Un debate que vuelve a abrirse
El caso reactiva la discusión nacional sobre el uso de herramientas de inteligencia en Colombia, los límites legales de la contrainteligencia estatal y las garantías de protección para funcionarios y ciudadanos que adelantan investigaciones sensibles sobre corrupción y uso indebido del poder.
