Un escrito radicado ante la Corte Constitucional busca detener, mientras el alto tribunal estudia el fondo del asunto, el decreto con el que el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica. Quien lo presentó es la senadora del Centro Democrático y candidata presidencial Paloma Valencia, luego de que la reforma tributaria se hundiera en el Congreso de la República.
El argumento central: no se cumplen los requisitos
En el documento, de amplia extensión, la dirigente política plantea que la decisión del Ejecutivo pasa por encima de los límites que la Constitución Política de 1991 fijó para acudir a los estados de excepción. Según su lectura, no se configuran ni los presupuestos jurídicos ni los fácticos que permitirían activar una emergencia económica cuando la razón de fondo es de naturaleza estrictamente legislativa.
Qué pide como medida cautelar
La solicitud apunta a que se decrete una medida cautelar sobre el decreto legislativo 1390 de 2025 mientras avanza el examen de legalidad. Valencia sostiene que congelar temporalmente sus efectos resulta necesario para impedir que se consoliden consecuencias que después no puedan revertirse y para preservar la supremacía constitucional. Aclara, además, que esa suspensión no equivaldría a anticipar el sentido de la decisión definitiva.
Los principios que, según la senadora, se vulneran
Entre los reparos que expone figura el desconocimiento de principios como la legalidad, la proporcionalidad, la necesidad y la finalidad, junto con una interferencia en el funcionamiento ordinario de las ramas del poder público. Para la congresista, el Gobierno no está habilitado para recurrir a herramientas extraordinarias por el solo hecho de que una de sus iniciativas no consiguiera los apoyos necesarios en el Congreso.
Agrega que la motivación del decreto no es suficiente y que la medida quiebra el equilibrio institucional, al desplazar hacia el Ejecutivo competencias propias del legislativo. Sobre esa base, su petición va más allá de la suspensión temporal: reclama que la Corte declare la inexequibilidad total del decreto por ir en contravía de varios artículos de la Carta Política.
El magistrado que tiene el caso
El memorial quedó dirigido al magistrado Carlos Camargo, designado ponente del estudio de constitucionalidad de la emergencia económica. En sus manos está determinar si procede o no la suspensión provisional y, más adelante, elaborar la ponencia que definirá qué ocurrirá con el decreto expedido por el Gobierno Nacional.
