Seis de los nueve implicados que fueron capturados por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay aceptaron negociar con la Fiscalía General de la Nación. Así lo confirmó el ente acusador, que describió los preacuerdos como una vía para agilizar las condenas y volcar el trabajo judicial sobre quienes habrían dado la orden de matarlo.
Sentencias previstas para 2026
La fiscal delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo, señaló que, si los jueces dan su aval a esas negociaciones, a lo largo de 2026 se programarán las audiencias en las que se dicten las sentencias. Para la funcionaria, ese paso procesal resulta determinante a la hora de separar responsabilidades individuales y darle solidez al expediente contra los determinadores del magnicidio.
El crimen ocurrió el 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.
Antenas, llamadas y reconstrucción de movimientos
Mientras los preacuerdos siguen su curso, los investigadores le subieron el ritmo al examen técnico del material recopilado. Los peritajes sobre antenas de telefonía celular y los registros detallados de llamadas se han contrastado con otros elementos probatorios, con el propósito de reconstruir desplazamientos, comunicaciones y el papel de cada implicado antes, durante y después del ataque. Con ese trabajo se busca ensanchar el círculo de responsables y reforzar la imputación contra los autores intelectuales.
La hipótesis de la Segunda Marquetalia
El acervo probatorio reunido por la Fiscalía y la Policía Nacional apunta a que el homicidio tuvo detrás estructuras armadas ilegales. De manera concreta, las indagaciones señalan a la Segunda Marquetalia como la organización que presuntamente ordenó el atentado.
Entre los relatos de mayor peso figura el de Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, quien contó que después del ataque recibió la instrucción de trasladarse al Caquetá para internarse en la selva y someterse a entrenamiento.
Quién es quién en el proceso
El avance del caso ha permitido precisar la actuación de cada procesado:
- El menor de 15 años que accionó el arma fue sancionado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y purga siete años en un centro especializado.
- Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, aceptó los cargos y afrontará 21 años de cárcel por su participación en la planeación y la logística.
- Katherine Andrea Martínez sigue privada de la libertad por haber suministrado el arma con la que se cometió el crimen.
- William Fernando González Cruz, alias El Hermano, fue llamado a juicio por su rol en la fuga y en la coordinación posterior.
Los procesos también siguen su marcha contra Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, mencionado como uno de los coordinadores del plan criminal; Cristian Camilo González Ardila, que se entregó de manera voluntaria; Harold Daniel Barragán Ovalle, presunto articulador de la contratación del sicario; Jhorman David Mora Silva, a quien se le atribuye haber persuadido al menor; y Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, tenido como el enlace directo con quienes habrían impartido la orden.
El objetivo para el nuevo año
Con las negociaciones en trámite y nuevo material bajo análisis, la Fiscalía insiste en que su meta para el año que empieza es estrechar el cerco alrededor de los autores intelectuales y ponerlos frente a los jueces, en uno de los casos criminales de mayor impacto político que ha tenido el país en los últimos años.
