Cinco billones de pesos adicionales de déficit: ese es el orden de magnitud que le atribuye el Comité Autónomo de la Regla Fiscal al aumento del salario mínimo decretado para 2026. Su análisis técnico sostiene que el incremento del 23 % golpeará de manera directa las cuentas estatales y dificultará el cumplimiento de las metas de sostenibilidad presupuestal.
Cuánto costaría y por cuánto tiempo
Las proyecciones del organismo ubican el mayor costo fiscal del nuevo salario mínimo en cerca de 5,3 billones de pesos durante 2026, una cifra equivalente a alrededor del 0,3 % del producto interno bruto. El fenómeno, además, no se agotaría en un solo ejercicio: desde 2027 la factura podría trepar hasta los 8 billones de pesos, aproximadamente el 0,4 % del PIB, lo que haría más difícil retomar la senda de ajuste contemplada en la Regla Fiscal.
El cálculo toma como base un crecimiento real del salario mínimo cercano al 18,5 %, muy por encima del promedio de las dos décadas anteriores. Ese salto, si bien mejora el ingreso de los trabajadores, activa presiones automáticas sobre varias partidas del presupuesto, en particular las que están indexadas a ese indicador.
Pensiones y nómina pública, los rubros más golpeados
El sistema pensional aparece como uno de los puntos más sensibles. Al subir el mínimo, también se elevan las mesadas del régimen de prima media cercanas a ese nivel, con un gasto adicional estimado en 4,7 billones de pesos. A esa cuenta se agrega el ajuste de la nómina de los servidores públicos que devengan un salario mínimo, cuyo costo extra rondaría los 0,6 billones de pesos.
Contratos estatales y ahorro individual
El comité precisa que la cadena de efectos va más allá de sueldos y mesadas. El salario mínimo funciona como referencia para contratos que el Estado suscribe en servicios como vigilancia y aseo, y también para ciertas pensiones del régimen de ahorro individual que se actualizan con ese indicador y no con la inflación. Cuando los recursos acumulados en esas cuentas no alcanzan, le corresponde al Estado cubrir la diferencia, con lo cual la presión fiscal se amplía todavía más.
El lado de los ingresos
El documento advierte también consecuencias sobre el recaudo. Al encarecerse los costos laborales, la rentabilidad empresarial puede verse afectada y, con ella, el impuesto de renta corporativo. En ese escenario, la caída del recaudo se ubicaría alrededor de 2,7 billones de pesos al año.
Efectos que aún no se pueden medir
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal insiste en que hay impactos adicionales que por ahora resultan difíciles de cuantificar, vinculados con futuros ajustes pensionales y con otros rubros del gasto público atados al salario mínimo. Su conclusión general es que el incremento salarial de 2026, pese a su importancia en el plano social, plantea un reto considerable para la sostenibilidad de las finanzas públicas en medio de la estrechez fiscal y de exigencias presupuestales elevadas.
