Un control rutinario de la Policía Nacional en la vía Oriental, a la altura del municipio de Ponedera, terminó con la captura de Jorge Visbal Martelo, exsenador y exdirigente de la Federación Colombiana de Ganaderos. Sobre él pesaba una orden vigente para hacer efectiva una pena de nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado, delito asociado a presuntos vínculos con estructuras paramilitares.

Cómo se produjo la detención

Según el reporte oficial, los uniformados pidieron los documentos del exdirigente gremial durante el procedimiento y, al consultar el sistema judicial, encontraron que tenía una orden de captura activa. La medida había sido expedida por un juzgado penal especializado de Cundinamarca. Tras la aprehensión, Visbal Martelo quedó a disposición de las autoridades competentes con miras a su traslado a Bogotá, ciudad donde deberá empezar a cumplir la sanción.

Una condena sin recursos pendientes

El fallo en su contra fue ratificado en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Con esa decisión, el proceso quedó sin recursos por resolver y la sentencia adquirió carácter definitivo.

Los hechos investigados

De acuerdo con lo establecido por la justicia, las conductas que motivaron la condena ocurrieron entre 1998 y 2005. En ese lapso, Visbal Martelo desempeñaba cargos de alto perfil dentro del sector ganadero y hacía presencia en escenarios institucionales vinculados con procesos de diálogo y paz. Las investigaciones señalan que en ese periodo habría mantenido contactos con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, agrupación hoy desmovilizada.

Para el alto tribunal, el exsenador se habría valido de su cargo público y de su influencia en el gremio para beneficiar a esa organización armada ilegal, comportamiento que fue calificado como penalmente reprochable.

Qué significa la captura

Con esta detención, las autoridades hacen efectiva una decisión judicial definitiva y ponen punto final a uno de los procesos más emblemáticos sobre la penetración del paramilitarismo en sectores políticos y gremiales del país, además de reforzar el mensaje de que las sentencias de la justicia deben cumplirse.