El decreto con el que el Ejecutivo declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país al cierre de 2025 ya tiene ponente en la Corte Constitucional: el magistrado Carlos Camargo Assis. La designación se hizo por sorteo apenas se reanudaron las labores judiciales después de la vacancia de fin de año y da comienzo formal al control de constitucionalidad sobre una de las decisiones de mayor alcance tomadas por el Gobierno en los últimos días del año pasado.

Qué tendrá que resolver el ponente

Como responsable de la ponencia, Camargo deberá establecer si el decreto reúne las exigencias jurídicas y constitucionales necesarias para seguir produciendo efectos mientras el alto tribunal llega a un fallo de fondo. Entre las primeras decisiones que tiene sobre la mesa está determinar si procede una suspensión provisional de la norma, alternativa que se abriría en caso de concluir que el texto no se ciñe con rigor a los parámetros fijados en la Constitución.

El examen se concentra en el decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, el instrumento con el que se declaró la emergencia económica y social. La corporación subrayó que el asunto exige un estudio riguroso, técnico y oportuno, dado el efecto que la medida tiene sobre la política fiscal, el manejo del gasto público y la protección de los derechos fundamentales.

Los argumentos del Gobierno

El Ejecutivo justificó la declaratoria como una salida a la crisis fiscal originada, entre otros factores, por la caída de la reforma tributaria en el Congreso. Mediante esta herramienta excepcional, el Gobierno pretende reunir alrededor de 16 billones de pesos con los que espera cubrir el déficit presupuestal y responder a compromisos financieros urgentes del Estado.

En la argumentación oficial, el panorama fue descrito como grave e inminente, bajo la premisa de que estarían en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales y el cumplimiento de obligaciones legales. Las razones enumeradas incluyen el pago de la Unidad de Pago por Capitación en salud, las alteraciones del orden público, el incremento de los riesgos para líderes sociales, las consecuencias de la ola invernal, sentencias judiciales pendientes que superan 1,5 billones de pesos, obligaciones contractuales en mora, deudas con víctimas del conflicto armado y las restricciones al endeudamiento público.

Un segundo decreto en revisión

En la misma jornada, la Corte estableció quién asumirá el estudio de otra norma vinculada a la emergencia: el decreto legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, que fija medidas tributarias para financiar los gastos que se desprenden del estado de excepción. Esa ponencia quedó en cabeza del magistrado Juan Carlos Cortés González, quien deberá llevar el documento a la Sala Plena.

Con ambas asignaciones, el tribunal pone en marcha la revisión de las decisiones gubernamentales, un trámite determinante para saber si las medidas excepcionales respetan los límites y las condiciones que impone la Carta Política.