Una queja formal por presunto acoso laboral quedó radicada ante la Defensoría del Pueblo por parte de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, contra Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El documento será remitido además al Ministerio del Trabajo, entidad que participará en la verificación de lo ocurrido.

El argumento del director de la UNGRD

Carrillo señaló que Rodríguez, quien tiene autoridad jerárquica sobre él, habría incurrido en actuaciones repetidas y de carácter público que golpearon tanto su imagen personal como la labor de los equipos técnicos de la entidad. De acuerdo con su relato, esos pronunciamientos y señalamientos derivaron en un clima laboral hostil y dificultaron el desarrollo de las funciones misionales de la UNGRD.

El funcionario planteó que conductas de ese tipo tienen una gravedad adicional al interior de un gobierno que ha insistido en la defensa de los derechos laborales y en el respeto a la dignidad de quienes trabajan. Por esa razón pidió acompañamiento institucional a la defensora del Pueblo, Iris Marín, y al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con el fin de asegurar que el trámite se surta con imparcialidad.

Un choque que venía de meses atrás

La queja no surge de un episodio aislado. Dos meses antes, Rodríguez había puesto en duda públicamente la gestión de Carrillo y había advertido sobre presuntas irregularidades administrativas y posibles hechos de corrupción asociados al Fondo Adaptación, entidad adscrita a la UNGRD que se encarga de los proyectos de reconstrucción en zonas golpeadas por emergencias.

La réplica de Carrillo fue que buena parte de los contratos mencionados ya habían sido alertados por su propio despacho y remitidos a los organismos de control. Puso como ejemplo el contrato de consultoría del proyecto Dinámicas Hídricas en La Mojana, superior a 56.000 millones de pesos, que terminó declarado desierto luego de advertencias por eventuales riesgos de corrupción y posibles favorecimientos indebidos.

Sobre otras iniciativas cuestionadas, como MojanIA y la Ruta del Arroz, precisó que su estructuración y adjudicación corresponden a administraciones previas. En la Ruta del Arroz, agregó, se identificaron incumplimientos del contratista que fueron denunciados sin demora ante las autoridades competentes.

Dudas sobre la fuente de los señalamientos

Dentro de la misma disputa, Carrillo puso en entredicho el origen de la información que usó la directora del DAPRE. Afirmó que provendría de una exfuncionaria vinculada al Fondo Adaptación, a quien atribuyó cercanía con el entorno del ministro del Interior, Armando Benedetti. Añadió que, durante su administración, esa persona fue denunciada por un presunto uso político de la entidad, contrario a las directrices del presidente Gustavo Petro.

Para cerrar, el director sostuvo que su informe de gestión no tuvo objeciones formales cuando se dio el relevo administrativo y que siempre mantuvo disposición para resolver cualquier duda. En su lectura, el episodio deja ver tensiones internas que, si se extienden, podrían golpear el funcionamiento del Gobierno y desviar la atención de la UNGRD justo cuando el país afronta riesgos y emergencias que exigen una gestión técnica y coordinada.