Siete exrepresentantes de la estructura armada ilegal Comuneros del Sur volvieron a quedar cobijados por órdenes de captura, luego de que el Gobierno Nacional cerrara el espacio de conversaciones que sostenía con ese grupo. La medida quedó consignada en la Resolución 0-0273, firmada desde la Fiscalía General de la Nación por su titular, Luz Adriana Camargo Garzón.

En el texto se explica que las capturas, congeladas mientras avanzaban los acercamientos, recuperan plena vigencia porque quienes participaban en esa negociación dejaron de ostentar el reconocimiento como representantes. Es decir, desapareció el requisito que sostenía el beneficio.

Los nombres incluidos en la resolución

Entre quienes vuelven a estar cobijados por la medida aparecen Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias Chuki, y Gabriel Yepes Mejía, identificado con el alias HH. También figuran Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, conocida como alias Taliana Santo; Eligio García Natascuas, alias Santos; y Jaime Eduardo Álvarez Riascos. En total, el documento cobija a siete exintegrantes que habían accedido a la suspensión de estas órdenes durante el tiempo en que la mesa estuvo activa.

El cierre de la mesa, el detonante

Lo decidido por el ente investigador se desprende directamente de las actuaciones que adelantó el 3 de septiembre el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Ese día se expidieron las resoluciones que pusieron fin al espacio de negociación sostenido con el Frente Comuneros del Sur y que, además, dejaron sin efecto la designación de sus integrantes como voceros del proceso.

Al perderse ese estatus, se cayó también el soporte jurídico que permitía mantener en pausa las capturas ordenadas en su contra. El mandatario Abelardo de la Espriella ya había advertido que, tras clausurar estos escenarios de conversación, correspondía a las autoridades avanzar tanto en las capturas como en los trámites de extradición pendientes.

Una aclaración de la Fiscalía

El documento firmado por Camargo introduce un matiz relevante: no todas las peticiones enviadas desde la Presidencia derivaban en la activación de nuevas órdenes. De acuerdo con la resolución, varias de las personas señaladas ya contaban con órdenes de captura vigentes, y en otros casos esas órdenes nunca llegaron a estar suspendidas. Por eso, para esos expedientes la entidad concluyó que no había lugar a expedir una nueva activación.

La jefa del ente acusador dispuso, adicionalmente, que la decisión se comunique a la Policía Judicial, con el fin de que se adelanten los trámites del caso y la medida se materialice.

El fin de un beneficio temporal

El panorama para estos voceros cambió de fondo cuando se rompieron los diálogos. Durante el tiempo en que fueron reconocidos dentro de la negociación, las capturas en su contra estuvieron congeladas. Una vez formalizado el cierre de la mesa y revocada esa condición, la entidad investigadora retomó lo que había quedado en suspenso.

Esta actuación se enmarca en una serie de decisiones recientes frente a miembros de estructuras armadas que hicieron parte de los procesos de la llamada Paz Total. Días atrás, el organismo ya había devuelto la vigencia a órdenes de captura contra decenas de exvoceros de otras organizaciones, luego de que terminaran sus respectivos espacios de negociación.

Qué sigue ahora

La ejecución material de las órdenes queda en manos de las autoridades judiciales y de la Policía Judicial, que deberán hacerlas efectivas frente a los siete exrepresentantes incluidos en la Resolución 0-0273. En el plano judicial, la medida abre un escenario distinto para quienes, durante el proceso ya clausurado, estuvieron amparados por la suspensión y hoy vuelven a ser objetivo de las autoridades.