Un contrato de 10.000 millones de pesos destinado a financiar la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro, luego de que fuera incluido en la llamada Lista Clinton, quedó bajo el escrutinio de la Procuraduría General de la Nación, que abrió una indagación preliminar para examinarlo.
Quién destapó el caso
La existencia de la actuación fue confirmada por la representante a la Cámara Katerin Miranda, que puso en duda de manera abierta que se empleen dineros del Estado con ese fin. Para la congresista, el negocio genera reparos de fondo tanto en el plano ético como en el jurídico, pues estima que los recursos públicos no tendrían por qué cubrir asuntos que ella describe como propios de la esfera personal del jefe de Estado. Bajo ese argumento, sostuvo que lo recaudado vía impuestos no puede financiar defensas jurídicas que no guarden una relación evidente con la defensa de los intereses generales de la nación.
Qué contrato está en revisión
El Ministerio Público concentra su revisión en determinar si hubo irregularidades durante la etapa de planeación y en la firma del acuerdo, suscrito el 9 de enero de 2026 por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con la firma Amadeus Consultancy Limited. El documento aparece identificado, de manera preliminar, como el contrato 001 de 2026 y tiene por objeto la asesoría especializada en defensa jurídica internacional, con ejecución prevista hasta el 30 de abril de ese mismo año.
Entre las actividades pactadas figuran análisis de normas, valoraciones de riesgo institucional y recomendaciones de estrategia frente a escenarios internacionales. La denuncia radicada, sin embargo, plantea que al texto le faltarían componentes esenciales para sustentar tanto su elevado precio como el carácter urgente que se le atribuye, además de herramientas definidas para verificar resultados tangibles.
Los puntos que revisará el organismo de control
La Procuraduría analizará varios frentes: si se configuró un detrimento patrimonial, si se desconocieron los principios de la contratación pública, si hubo destinación de fondos estatales a intereses particulares, la carencia de indicadores medibles de impacto, la falta de sustento técnico sobre la urgencia del servicio y el hecho de que no se hubieran exigido garantías de cumplimiento pese a la magnitud del monto pactado.
Plazos y alcance de la actuación
La indagación previa fue fijada en seis meses en su fase inicial. Con ella se busca establecer si hay elementos suficientes para dar paso a una investigación disciplinaria formal y precisar quiénes serían los eventuales responsables, según los parámetros de la Ley 2094 de 2021. El episodio, entre tanto, reactiva la discusión pública sobre hasta dónde llegan los límites en el manejo de recursos estatales y sobre la transparencia de la contratación oficial.
