Un alza del 23% en el salario mínimo para 2026 quedó bajo la lupa de la justicia administrativa. El Consejo de Estado dio trámite a la primera demanda radicada contra el decreto 1469, con el que el Gobierno nacional definió ese ajuste, y con ello se abrió la posibilidad de que los efectos de la norma queden suspendidos mientras el proceso judicial llega a su desenlace.

Quién asumirá el caso

El recurso pone en entredicho la legalidad del acto administrativo firmado por el presidente Gustavo Petro. Tras la admisión, el estudio formal del expediente quedó asignado al magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, a quien le corresponde establecer si el decreto se ajusta a las exigencias constitucionales y legales que regulan cómo se fija cada año el salario mínimo en el país.

El reparo de fondo: cómo se calculó el 23%

El eje de la demanda es la metodología que empleó el Ejecutivo para llegar al porcentaje de aumento. Para el demandante, la decisión carece de un soporte suficiente y configura lo que describe como una “falsa motivación y desviación de poder”, en la medida en que no se precisaron los criterios económicos en los que se apoyó el incremento.

Uno de los señalamientos apunta a que el decreto se habría respaldado en estimaciones de origen externo, en particular un cálculo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el salario vital en Colombia. Al hacerlo, según el escrito, se dejaron por fuera los indicadores que ordena la ley: la inflación, la meta inflacionaria, la productividad laboral, el peso de los salarios dentro del ingreso nacional y el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Concertación y competencias del Congreso

La acción sostiene, además, que el Gobierno reemplazó el esquema legal vigente por una política orientada a cerrar la brecha salarial, una figura que no fue definida ni avalada por el Congreso de la República. Bajo esa lectura, el ajuste no salió de los parámetros que tradicionalmente han orientado la discusión del mínimo en Colombia.

El texto judicial recuerda que durante décadas ese incremento se ha resuelto mediante la concertación entre empresarios, trabajadores y Gobierno, un mecanismo que, a juicio del demandante, no se habría respetado esta vez. También recoge que, en su alocución pública, el presidente Petro justificó la medida apoyándose casi por completo en la inequidad salarial histórica, sin detenerse en variables macroeconómicas determinantes.

Lo que advierten los demandantes

Desde la orilla de quienes acudieron al tribunal, un aumento del 23% sustentado en criterios sociales y no en la productividad podría traer consecuencias adversas sobre el empleo, la sostenibilidad de las empresas y el equilibrio económico.

De acuerdo con la información conocida, en los próximos días se podrían radicar nuevas acciones jurídicas ante las autoridades competentes, encaminadas a detener la aplicación del decreto mientras se define de fondo si es legal.