Dos millones de pesos mensuales es la cifra que, según el presidente Gustavo Petro, corresponde al salario vital mínimo y familiar establecido por decreto. Para blindar esa decisión de las críticas que llegan desde sectores políticos, empresariales y judiciales, el mandatario convocó a la ciudadanía a nuevas movilizaciones. El anuncio quedó consignado en un mensaje amplio que publicó en sus redes sociales, donde insistió en que la medida es legal y señaló que existen maniobras para impedir que se aplique.
El respaldo jurídico que invoca el Gobierno
El fundamento del decreto, explicó el jefe de Estado, está en el artículo 53 de la Constitución Política, norma que obliga al Estado a asegurar un salario vital y móvil. Sobre el monto, precisó que se calculó con estadísticas oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tomando como punto de partida lo que cuesta la canasta mínima vital de los hogares colombianos. De ese ejercicio salieron los dos millones de pesos, una suma que, de acuerdo con el presidente, impide que las familias terminen en situación de pobreza.
Petro reprochó que ese mandato constitucional haya permanecido sin cumplirse por más de tres décadas y planteó que el decreto apunta a corregir una desigualdad salarial acumulada. “El salario vital no es una concesión, es un derecho constitucional”, repitió en su pronunciamiento.
Señalamientos sobre presiones y compra de votos
En el mismo mensaje, el mandatario afirmó que sectores de la “oligarquía y los oligopolios” estarían tratando de incidir en el poder judicial para tumbar el decreto del salario vital y otras normas vinculadas con impuestos a los grandes grupos económicos. A partir de ese señalamiento, pidió a los trabajadores no ceder ante presiones ni vender su voto en los comicios que vienen.
El presidente alertó sobre la compra de votos y dijo haber impartido instrucciones a la Policía Nacional para perseguir ese delito. Sostuvo que la fuerza pública tiene que actuar con firmeza contra quienes lo cometan, como garantía de transparencia democrática.
La respuesta a los temores de inflación
A quienes advierten que la medida podría ser inconstitucional o disparar la inflación, Petro les respondió que esos planteamientos no tienen soporte técnico. Para el mandatario, el encarecimiento de los alimentos obedece a causas estructurales, como la ausencia de una reforma agraria y la especulación, y no al alza del salario mínimo.
En ese punto se apoyó en datos del DANE que, según dijo, evidencian una caída de los costos de producción a lo largo de 2025. Su lectura es que, pese al aumento real del salario mínimo en los años recientes, los productores han visto reducirse sus costos, lo que a su juicio desvirtúa los pronósticos inflacionarios.
Un proyecto de ley en el horizonte
El presidente adelantó además que buscará convertir el salario vital mínimo y familiar en un proyecto de ley, para que lo discuta el próximo Congreso o, si llega a darse, una Asamblea Nacional Constituyente. La finalidad, según explicó, es que ese criterio quede establecido de forma permanente y deje de depender de decretos presidenciales.
El cierre de su intervención fue otra convocatoria a la movilización social: pidió a los ciudadanos salir a las calles para defender lo que describió como derechos fundamentales. También criticó a los medios de comunicación, a los que atribuyó responder a intereses de los grandes grupos económicos, y advirtió que podría haber sanciones para las empresas que indexen sus precios al incremento del salario mínimo.
