Un documento de 108 páginas es el nuevo movimiento judicial con el que la Fiscalía General de la Nación pretende que la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez quede sin efectos. El escrito corresponde a una demanda de casación radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Ramírez, dentro del proceso que se sigue por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
Qué le pide el ente acusador a la Corte
Con este recurso extraordinario, el organismo investigador busca que se revoque la decisión de segunda instancia que favoreció al exmandatario y que, en su lugar, vuelva a tener vigencia la sentencia dictada en primera instancia. Esa condena fue proferida por la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien le impuso a Uribe 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Los representantes de las víctimas acreditadas dentro del expediente también radicaron demandas de casación en la misma dirección.
Los errores que la Fiscalía le atribuye al fallo
El planteamiento de fondo del escrito es que la Sala mayoritaria del Tribunal cometió equivocaciones graves y determinantes cuando decidió absolver al exjefe de Estado. Para la fiscal delegada, la sentencia configuró una violación indirecta de la ley por errores de hecho y de derecho en la manera en que se apreciaron las pruebas, algo que, en su lectura, condujo a conclusiones que van en contravía del material probatorio recogido durante el juicio.
La tesis sobre los testimonios en Cómbita
El argumento central del recurso es que sí hubo una conducta sistemática, dolosa y coordinada dirigida a conseguir declaraciones falsas por medio de ofrecimientos económicos, pagos y promesas de beneficios jurídicos, todo con el fin de favorecer procesalmente al expresidente. Según la acusación, esas gestiones se habrían adelantado a través del abogado Diego Cadena, quien tramitó testimonios de internos recluidos en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.
La demanda plantea que el acervo probatorio apuntaría a que Uribe conocía en tiempo real cómo avanzaba la recolección de cartas de varios reclusos. Esos documentos, indica el escrito, sirvieron de soporte a un memorial radicado el 27 de junio de 2018 con el que se pidió el desarchivo de una investigación en contra del entonces senador Iván Cepeda.
Lo que había concluido el Tribunal
La postura del Tribunal Superior de Bogotá fue distinta: en su momento determinó que no quedó acreditado un plan criminal ni instrucciones directas del exmandatario a su abogado para hacer ofrecimientos indebidos. La corporación afirmó que no existían pruebas documentales, testimoniales o periciales suficientes para comprometer la responsabilidad penal de Uribe en los delitos que se le imputaron. Con base en ese razonamiento, anuló por completo la sentencia condenatoria de primera instancia y declaró la absolución.
Lo que viene ahora
Radicada la demanda, la decisión queda en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir si la absolución conserva sus efectos o si el fallo se revisa y, eventualmente, se restablece la condena. Se trata de uno de los procesos judiciales más sensibles y con mayor impacto político de la historia reciente del país.
