Dos fiscales quedaron bajo la lupa del órgano encargado de vigilar la conducta de los funcionarios judiciales. Se trata de María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval, contra quienes la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió abrir una investigación por posibles irregularidades en el manejo del proceso penal que involucra a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y figura del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Qué le reprochan a los dos funcionarios
Según la determinación del organismo disciplinario, los fiscales habrían dejado pasar el tiempo, de forma presuntamente deliberada y sin justificación, en diligencias determinantes del expediente. La decisión menciona tres en concreto: la imputación de cargos, la petición de una medida de aseguramiento y el trámite de la circular roja ante Interpol. El análisis preliminar sostiene que esas actuaciones estaban en condiciones de haberse impulsado desde 2024, pues ya existía material probatorio suficiente.
Para la Comisión, esos retrasos podrían configurar una falta disciplinaria, en la medida en que golpearon el avance oportuno de una indagación con repercusión nacional. El expediente gira alrededor de presuntos hechos de corrupción en la UNGRD, un caso que tomó fuerza por las denuncias sobre el manejo irregular de dineros públicos previstos para atender emergencias.
Cómo se conoció la apertura del proceso
La noticia de la actuación formal salió a la luz mediante un oficio dirigido al abogado Pablo Bustos, quien representa a las víctimas dentro del proceso por el escándalo de los carrotanques en La Guajira. En ese escrito, la instancia disciplinaria expone los fundamentos de la investigación y advierte que revisará si el comportamiento de los fiscales se ciñó a sus deberes funcionales y a los principios de celeridad y eficiencia propios de la administración de justicia.
Qué se busca determinar
Con la apertura del caso, la Comisión pretende fijar responsabilidades individuales y precisar si las supuestas dilaciones incidieron directamente en el rumbo de la investigación penal. Todo ello en un episodio que ha suscitado amplio debate público y reclamos de mayor rigor institucional frente a los hechos de corrupción.
