El 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, quedó fijada la audiencia en la que Laura Sarabia deberá escuchar cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador radicó de manera formal la solicitud de la diligencia y, con ello, el expediente abierto en 2023 por el polígrafo que le practicaron a Marelbys Meza —entonces niñera del hijo de la exfuncionaria— pasa a una fase distinta. En esa audiencia, un juez de control de garantías oirá la formulación de cargos y le preguntará a Sarabia si los acepta o los rechaza.

Los cargos que le atribuye el ente investigador

La petición fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Según ese documento, Laura Camila Sarabia Torres será señalada como presunta responsable de dos conductas: abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.

El eje de la indagación es el procedimiento de polígrafo aplicado a Marelbys Meza en enero de 2023, luego de que se reportara la desaparición de una maleta que le pertenecía a Sarabia, quien por esos días desempeñaba un cargo de alta confianza en la Presidencia de la República. Para la Fiscalía, la entonces funcionaria habría tenido participación en hechos vinculados al uso de mecanismos oficiales para someter a Meza a esa prueba.

El asunto creció después, cuando se supo que los teléfonos de Marelbys Meza y de Fabiola Perea habían sido interceptados de forma irregular mientras se indagaba por la pérdida del dinero. Esa arista terminó salpicando a integrantes de organismos de seguridad y derivó en un proceso judicial aparte.

Tres años atrás: la maleta, el polígrafo y las chuzadas

El origen de todo está en enero de 2023. Para ese momento, Meza trabajaba cuidando al hijo de Sarabia. Tras la desaparición de dinero de una maleta en la casa de la entonces funcionaria, la trabajadora fue llevada a instalaciones que usan organismos de seguridad del Estado para que le hicieran una prueba de polígrafo.

Los cuestionamientos aparecieron por dos razones: se trataba de una trabajadora particular y el procedimiento se surtió con infraestructura y personal oficial.

Con el paso de los meses, la Fiscalía dio a conocer que Meza y Fabiola Perea fueron interceptadas de manera ilegal. La investigación estableció que sus números telefónicos habrían quedado vinculados irregularmente a una indagación que se seguía contra integrantes del Clan del Golfo.

El episodio desembocó en una fuerte crisis política para el Gobierno Petro y condujo a que varias personas quedaran investigadas y judicializadas por lo ocurrido con las interceptaciones.

Sin acuerdo con la defensa

La decisión de llevar a Sarabia ante un juez llega luego de varios meses de acercamientos entre su defensa y la Fiscalía, que buscaban una salida al proceso. Esos diálogos no terminaron en un acuerdo y el organismo investigador optó por seguir adelante con la imputación formal. También quedó descartada la aplicación de un mecanismo de justicia restaurativa en este expediente.

El abogado de la exfuncionaria, el exfiscal general Mario Iguarán, había dicho que la defensa estudiaba el caso y aguardaba conocer de manera formal la determinación del ente acusador. Ese escenario cambia ahora: será un juez el que escuche los planteamientos de la Fiscalía y de la defensa en la audiencia de septiembre.

Lo que ha dicho la exfuncionaria

Sarabia, que después ocupó los cargos de directora del DAPRE y ministra de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Gustavo Petro, ha manifestado que confía en las instituciones y en el curso de la investigación. Igualmente ha expresado que quiere que Marelbys Meza pueda recuperar la tranquilidad mientras el proceso judicial sigue su trámite.

Vale precisar un punto: que haya imputación no equivale a una declaratoria de culpabilidad. En esta etapa, la Fiscalía formaliza ante un juez los hechos y los delitos que considera atribuibles a la exfuncionaria, y la defensa queda habilitada para controvertirlos.

Por lo pronto, la diligencia del 14 de septiembre se convierte en uno de los momentos de mayor peso en un caso que arrancó con la pérdida de una maleta, siguió con un polígrafo cuestionado y acabó como uno de los escándalos más grandes alrededor del círculo cercano del expresidente Gustavo Petro.