Tres departamentos cambian de estatus dentro de la emergencia declarada por el terremoto del 10 de agosto. El Ejecutivo, encabezado por Abelardo de la Espriella, redefinió el mapa territorial de la emergencia económica, social y ecológica a través del Decreto 1348 del 31 de agosto de 2026, norma con la que se corrigió el alcance fijado inicialmente en el Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto.
Qué cambia con el nuevo decreto
El ajuste más visible es la entrada de Caquetá al ámbito territorial de la medida. A esa incorporación se suma la de Santander, mientras que Putumayo dejó de estar cobijado por la emergencia. Según la explicación oficial, el cambio obedece a la necesidad de acomodar el instrumento a los territorios donde persisten las condiciones asociadas a la calamidad pública que dejó el sismo y a los efectos que vinieron después.
El asunto no es menor: bajo el estado de emergencia, el Ejecutivo queda habilitado para tomar medidas extraordinarias frente a las consecuencias de la tragedia, imprimirle velocidad a la respuesta institucional y contar con herramientas dirigidas a la recuperación de las comunidades golpeadas por el desastre.
El sismo del 10 de agosto
El movimiento telúrico se registró el 10 de agosto de 2026 y su epicentro se ubicó en el departamento del Chocó. Los daños se extendieron a varios departamentos y derivaron en una emergencia de grandes proporciones, escenario que llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica con una vigencia inicial de 30 días.
Las medidas anunciadas hasta ahora
Desde la declaratoria, la administración de De la Espriella ha dado a conocer distintas acciones orientadas a las familias damnificadas y a la recuperación de las zonas golpeadas. En ese paquete figuran ayudas económicas, subsidios de arrendamiento, recursos destinados a la reparación y reconstrucción de viviendas y mecanismos para facilitar la atención de quienes resultaron afectados.
El Gobierno también ha delineado un proceso de reconstrucción que se apoyará en diagnósticos técnicos, con el fin de determinar qué viviendas admiten reparación y cuáles exigen una intervención completa.
La emergencia no se levanta
Conviene precisar el alcance de la decisión: modificar el decreto no equivale a dar por terminada la emergencia. Se trata de un ajuste sobre cuáles regiones siguen amparadas por las medidas extraordinarias del Ejecutivo. Con la llegada de Caquetá y Santander, y la salida de Putumayo, el Gobierno pretende concentrar las herramientas disponibles en los territorios que, de acuerdo con la nueva evaluación oficial, necesitan conservar ese tratamiento excepcional.
Lo que viene
La decisión se produce mientras las autoridades siguen atendiendo los efectos del terremoto y adelantando la identificación de daños. El desafío que queda planteado es traducir las facultades extraordinarias en acciones concretas para las familias que aún aguardan respuestas tras perder sus viviendas, sus bienes y sus fuentes de ingresos.
Para el presidente Abelardo de la Espriella, la emergencia continúa siendo uno de los frentes más exigentes de sus primeras semanas al frente del país. La modificación del Decreto 1261 apunta a reorganizar la cobertura territorial de la respuesta estatal mientras avanzan las labores de atención y reconstrucción.
